Reforma de la Justicia en el Perú

A comienzos del año 2000, después de la salida del gobierno del presiente Fujimori y ya instalado un nuevo gobierno democrático, teníamos aun vivo el recuerdo de la manipulación y mal uso que se dio al sistema de justicia como instancia de persecución política, a la corrupción existente en todos sus niveles y a las malas practicas legales que se habían instalado dentro del sistema judicial. Pero no todo fue malo, existió un grupo de jueces independientes que dieron una lucha interna por erradicar todo esto, pero su esfuerzo fue casi nulo u opacado.

Después de lo ocurrido en los años noventa se retomó el debate y la discusión nacional sobre la reforma del sistema de justicia. Primero se discutía a cargo de quien debería estar este proceso, debe ser el propio Poder Judicial quien lo haga o convendría una mayor participación de otras instituciones estatales y hasta la sociedad civil para darle mayor transparencia y fortaleza a este proceso. Después el debate se centró en si es necesario mayor presupuesto o se puede avanzar en la reforma con los recursos que se tiene.

En octubre de 2003 se crea la Comisión especial para la reforma integral de la administración de justicia- CERIAJUS- con la finalidad de elaborar el plan nacional de reforma integral de la administración de justicia que contenga una propuesta global y concertada de reforma de la administración de justicia. En mayo de 2004 este grupo de trabajo entregó al país 12 propuestas concertadas que poco a poco han ido implementándose, pero aun queda mucho camino que andar.

Pese a estas reformas o autoreformas el Poder Judicial sigue siendo percibido por la población como una instancia de corrupción, y esto tiene que ver con un problema cultural, tal como lo señala la Defensoría del Pueblo, avanzar en implementar un nuevo de modelo cultural al interior de las instancias de administración de justicia es importante para avanzar en la solución. La justicia es un servicio al ciudadano, de carácter independiente e imparcial, ágil, transparente, basado en principios éticos y comprometidos en la defensa de la Constitución y los derechos ciudadanos, con igualdad y plenitud de acceso para todos y todas.[1]

Otro problema que debemos afrontar es la calidad de las normas legales que se emiten desde el parlamento nacional, las leyes no recogen la diversidad cultural y social de nuestro país y el Presidente de la Corte Suprema de la Republica, doctor Francisco Tavara Córdova, recoge esta preocupación en su discurso de apertura del año judicial al señalar “… que en nuestro país urge acercar el ordenamiento jurídico a la realidad social, que es, por cierto, sumamente heterogénea y compleja. El elemento cultural y social ha de tener una actuación activa en la definición del contenido de las Leyes”.

La justicia como derecho humano, no ha estado llegando a todos los ciudadanos y si lo hacia no con la calidad que se requiere, esto ha motivado que la población, especialmente en zonas rurales se organice para suplir esta ausencia del estado. En Cajamarca la experiencia de las Rondas Campesinas es una prueba de ello, están también la Defensorías Comunitarias. Que con su actuación eficiente en la resolución de conflictos se han ido ganando el reconocimiento social, pero aun no el reconocimiento del estado como una alternativa valida para lograr la paz social con justicia que tanto se requiere en el Perú.

Avanzar en el proceso de dialogo y concertación para lograr que la justicia real llegue a todos los ciudadanos es un reto que aun esta pendiente. Hemos avanzado en propuesta de reforma estructural, pero aun falta mirar hacia dentro del país, al nivel más local, al nivel del ciudadano de a pie el que siente y el que sufre por tener justicia.

[1] Informe Defensorial Nº 109 - Propuestas básicas de la Defensoría del Pueblo para la Reforma de la Justicia en el Perú. )

Rondando tras un convenio

En septiembre de 2002, el entonces Ministro del Interior, Gino Costa, promovió conjuntamente con la Coordinadora Nacional de Rondas Campesinas, la Confederación de Campesinos del Perú–CCP y la Confederación Nacional Agraria–CNA, la suscripción del primer convenio de cooperación entre el Ministerio del Interior y las rondas campesinas.

Tras seis meses de negociación y diálogo entre presidentes de centrales provinciales de todo el país –para ese entonces todavía no se aprobaba la Ley de Rondas Campesinas- se firmó el primer Convenio de Cooperación. La firma del documento fue un paso importante para el acercamiento entre ronderos y policía nacional en términos de coordinar acciones de vigilancia, capacitación, fiscalización a autoridades políticas, entre otros temas.

Dos años después de la firma del convenio, el entonces Ministro del Interior, Félix Murasso, renovó el Convenio de Cooperación. Sin embargo, lo hizo sólo con algunas centrales provinciales de rondas campesinas de Cajamarca. Además, se introdujo una cláusula donde se establecía que para que el Convenio se pueda ejecutar las rondas tenían que estar inscritas en Registros Públicos, lo cual en la práctica hacía que el Convenio sea inaplicable ya que casi ninguna ronda está inscrita en Registros Públicos.

En la actualidad se tiene prevista nuevamente la renovación del Convenio. Es así que, durante las últimas semanas, el Ministro del Interior, a través de las jefaturas provinciales, ha remitido a los presidentes de rondas la nueva propuesta para su análisis y estudio correspondiente.

Sin embargo, los grupos de rondas vinculados a Patria Roja se oponen a la firma del Convenio, argumentando que las rondas son autónomas y no se requiere de la firma del documento para coordinar acciones con el Ministerio del Interior. Sostienen que “Cajamarca es una región con rondas organizadas y no es necesario ningún Convenio para fortalecer el trabajo. Existen regiones en el Perú donde la organización de las rondas se encuentra en un bajo nivel de organización, en este caso, es necesario fortalecerlas a través de un Convenio de Cooperación. Suscribir el Convenio es someter a las rondas campesinas cajamarquinas -siempre autónomas- al Ministerio del Interior”.

Por otro lado, no debemos dejar de mencionar que Cajamarca se ha convertido en una región con altos niveles de conflictividad por problemas vinculados a la presencia de empresas mineras. Tampoco es un secreto que uno de los principales actores en este conflicto social es la ronda. Ésta es la organización campesina predominante en la región, la cual posee altos niveles de legitimidad y aprobación por parte de la población rural.

La firma del nuevo Convenio –a efectuarse el 19 de Mayo en la Plaza de Armas de Cajamarca- puede llamar a suspicacias, permitiendo plantearse interrogantes como: ¿Es una estrategia política del Ministerio del Interior para tratar de controlar a las rondas en su actuación dentro de los conflictos sociales?¿Estamos ante una real intención de coordinar acciones en beneficio de la seguridad ciudadana en las zonas rurales de Cajamarca?

De esta manera, se puede especular mucho en relación a la real intención política para que se firme el Convenio, pero existe un hecho concreto que va más allá del contenido mismo de éste. Las centrales provinciales de las rondas -conforme a su propia ley- son una organización autónoma y en capacidad de poder establecer relaciones de coordinación con otras autoridades y nadie puede discutir ni cuestionar la decisión autónoma que tomen éstas.

Por último, se debe tener especial cuidado si esta organización y sus dirigentes deciden no suscribirlo porque en un afán de lograr a como de lugar la firma del Convenio se podría coordinar con sectores que no cuentan con el respaldo y legitimidad de la población rural. Ello implicaría que en lugar de avanzar en el apoyo al fortalecimiento de la organización, se estaría contribuyendo a la fragmentación y debilitamiento de la misma.