Rondando tras un convenio

En septiembre de 2002, el entonces Ministro del Interior, Gino Costa, promovió conjuntamente con la Coordinadora Nacional de Rondas Campesinas, la Confederación de Campesinos del Perú–CCP y la Confederación Nacional Agraria–CNA, la suscripción del primer convenio de cooperación entre el Ministerio del Interior y las rondas campesinas.

Tras seis meses de negociación y diálogo entre presidentes de centrales provinciales de todo el país –para ese entonces todavía no se aprobaba la Ley de Rondas Campesinas- se firmó el primer Convenio de Cooperación. La firma del documento fue un paso importante para el acercamiento entre ronderos y policía nacional en términos de coordinar acciones de vigilancia, capacitación, fiscalización a autoridades políticas, entre otros temas.

Dos años después de la firma del convenio, el entonces Ministro del Interior, Félix Murasso, renovó el Convenio de Cooperación. Sin embargo, lo hizo sólo con algunas centrales provinciales de rondas campesinas de Cajamarca. Además, se introdujo una cláusula donde se establecía que para que el Convenio se pueda ejecutar las rondas tenían que estar inscritas en Registros Públicos, lo cual en la práctica hacía que el Convenio sea inaplicable ya que casi ninguna ronda está inscrita en Registros Públicos.

En la actualidad se tiene prevista nuevamente la renovación del Convenio. Es así que, durante las últimas semanas, el Ministro del Interior, a través de las jefaturas provinciales, ha remitido a los presidentes de rondas la nueva propuesta para su análisis y estudio correspondiente.

Sin embargo, los grupos de rondas vinculados a Patria Roja se oponen a la firma del Convenio, argumentando que las rondas son autónomas y no se requiere de la firma del documento para coordinar acciones con el Ministerio del Interior. Sostienen que “Cajamarca es una región con rondas organizadas y no es necesario ningún Convenio para fortalecer el trabajo. Existen regiones en el Perú donde la organización de las rondas se encuentra en un bajo nivel de organización, en este caso, es necesario fortalecerlas a través de un Convenio de Cooperación. Suscribir el Convenio es someter a las rondas campesinas cajamarquinas -siempre autónomas- al Ministerio del Interior”.

Por otro lado, no debemos dejar de mencionar que Cajamarca se ha convertido en una región con altos niveles de conflictividad por problemas vinculados a la presencia de empresas mineras. Tampoco es un secreto que uno de los principales actores en este conflicto social es la ronda. Ésta es la organización campesina predominante en la región, la cual posee altos niveles de legitimidad y aprobación por parte de la población rural.

La firma del nuevo Convenio –a efectuarse el 19 de Mayo en la Plaza de Armas de Cajamarca- puede llamar a suspicacias, permitiendo plantearse interrogantes como: ¿Es una estrategia política del Ministerio del Interior para tratar de controlar a las rondas en su actuación dentro de los conflictos sociales?¿Estamos ante una real intención de coordinar acciones en beneficio de la seguridad ciudadana en las zonas rurales de Cajamarca?

De esta manera, se puede especular mucho en relación a la real intención política para que se firme el Convenio, pero existe un hecho concreto que va más allá del contenido mismo de éste. Las centrales provinciales de las rondas -conforme a su propia ley- son una organización autónoma y en capacidad de poder establecer relaciones de coordinación con otras autoridades y nadie puede discutir ni cuestionar la decisión autónoma que tomen éstas.

Por último, se debe tener especial cuidado si esta organización y sus dirigentes deciden no suscribirlo porque en un afán de lograr a como de lugar la firma del Convenio se podría coordinar con sectores que no cuentan con el respaldo y legitimidad de la población rural. Ello implicaría que en lugar de avanzar en el apoyo al fortalecimiento de la organización, se estaría contribuyendo a la fragmentación y debilitamiento de la misma.